Señores:
SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS DEPARTAMENTAL
Riohacha, Guajira E. S. D.
Ref.: Derecho de Petición
Respetados señores Con motivo de la verificación realizada el 25 de abril de 2007 en BAHIA PORTETE (por el desplazamiento forzado a raíz de la masacre del 18 de abril del 2004), por altos funcionarios delegados de las entidades del gobierno nacional e internacional, es muy preocupante y desagradable saber que un funcionario del gobierno departamental afirme en publico que la comunidad de Bahía Portete siempre ha vivido en la miseria.
Esa exclamación deja mucho que pensar pues según el funcionario, nosotros víctimas de la masacre y el desplazamiento forzado, somos muy humildes y no sería el caso o no habría razones para que los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia AUC, vinieran a masacrar, a desaparecer, a torturar y a incinerar a miembros de nuestra comunidad vulnerando nuestros derechos. Será por eso que cuando sucedieron los hechos funcionarios departamentales y municipales cerraron sus puertas y manifestaron que en la alta guajira no había paramilitares y que lo que había ocurrido allá era que unos ancianos habían muerto de hambre y desnutrición. Han pasado 3 años de ocurrida la masacre, en los que las entidades municipales y departamentales, como asuntos indígenas, hicieron caso omiso a lo ocurrido y ahora no sabemos cual es el interés de la institución cuando busca una supuesta conciliación de las víctimas con la familia del autor intelectual y material de los hechos JOSE MARIA BARROS IPUANA alias CHEMA BALA, agregando en estos momentos que lo ocurrido fue una guerra de clanes, cuando toda Colombia y el mundo sabe que no fue así, porque fuimos victimas de los grupos al margen de la ley, los paramilitares CONTRA INSURGENCIA WAYUU BLOQUE NORTE DE LAS AUC al mando de RODRIGO TOVAR PUPO alias JORGE 40 con alias PABLO y los MILITARES DE LA ALTA GUAJIRA.
Dónde estaba esta institución y por qué antes no habían intervenido? Por qué negaron la situación? Estos y otros son los tantos y muchos interrogantes que nos surgen, pues la institución no realizó ninguna verificación y siempre se abstuvo de dar información acerca de los hechos.
En estos momentos han impulsado unas autoridades tradicionales para intervenir en el caso, como si esto fuera un juego, cuando lo que sucedió fue un caso de lesa humanidad del que se tiene bien claro que actuaron personas extrañas ajenas a la comunidad indígena wayuu como sin duda son los alijunas (hombres blancos).
Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta es que en la cultura del pueblo wayuu no existen elementos de juicio, ni autoridad suprema, ni existe la privación de la libertad, por lo que en sus normas de control social interno no se conciben las cárceles, la indemnización buscada por el PUTCHIPUU conmuta la pena y ella varia de acuerdo al delito y las circunstancias que la produjeron.
Dentro de la cultura wayuu cuando hay un problema de hurto, homicidio simple, culposo, preterintencional o agravado el PUTCHIPUU (mediador- palabrero es quien resuelve los problemas internos en la comunidad y quien se encarga de evitar que los problemas pasen a un caso mayor; es decir apaciguar a ambas familias), pero este tipo de delitos de lesa humanidad donde participan alijunas y fuerzas públicas no dan lugar por su desconocimiento para solucionarse por esta vía, ya que con este hecho de actuación criminal se altero el orden social, económico, cultural, étnico, religioso y jurídico de nuestra comunidad wayuu ya que se cometieron delitos desconocidos por nuestros códigos orales y consuetudinario.
En uso del fundamental derecho de petición consagrado en la Constitución y la ley colombiana, pedimos se nos informe y de a conocer:
por qué ASUNTOS INDÍGENAS DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA ha manifestado ante las demás instituciones que para que la comunidad desplazada de Bahía Portete pueda retornar tiene que llegar a una conciliación con la familia del homicida JOSE MARIA BARROS IPUANA.
Donde se ha visto en la historia jurídica nacional que cuando hay delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición, violación incineración, se le exige a la parte afectada llegar a un acuerdo con los culpables para poder volver a lo que les pertenece.
Queremos saber cuales son las autoridades tradicionales departamentales que van a arreglar el conflicto de lesa humanidad y que le da derecho a ellos a hacerlos y donde estaban ellos cuando ocurrieron los hechos por qué no se manifestaron, que les pasó? Ahora es que quieren dárselas de mediadores.
El interés que nos asiste es el derivado de ser víctimas del crimen de lesa humanidad perpetrado el 18 de abril de 2004.
Recibimos notificaciones en Calle 24 No. 14ª-31 de Riohacha, Guajira.
Atentamente,
COMUNIDAD INDÍGENA DE BAHIA PORTETE DESPLAZADA EN MARACAIBO
COPIA:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.
DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.
OEA.
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS.
NACIONLES E INTERNACAIONLES.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA; ASUNTOS ÉTNICOS.
REINICIAR.
ONIC- ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA.
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOSA HUMANOS.
COMISION ACNUR EN VENEZUELA.
DEFENSORIA DEL PUEBLO EN MARACAIBO- ESTADO ZULIA.
OPINIÓN PUBLICA.
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Dear:
Secretariat of Departmental Indigenous Affairs
Riohacha, Guajira E. S. D.
Ref.: Petition for Information
Respectable Sirs,
With the verification realized on April 25th, 2007 in Bahía Portete (regarding the forced displacement and massacre of April 18th, 2004), by high functionary delegates from national and international governments, it is very worrying to know that a functionary of the departmental government reaffirms in public that the community of Bahía Portete has always lived in misery.
This claim leaves much to be contemplated regarding the government functionary. We the victims of the massacre and forced displacement are humble and there is no justifiable case or reasons for why the paramilitaries, the Autodefensas Unidas de Colombia AUC, came to massacre, disappear, torture and incinerate the vulnerable members of our community. Perhaps this is the reason that when all this occurred, departmental and municipal representatives closed their doors and proclaimed that in La Alta Guajira there were no paramilitaries and what had had occurred there was that some elders had died from hunger and malnutrition.
Three years have passed since the massacre, in which municipal and departmental entities, such as Indigenous Affairs, omitted the case of what had occurred. We still do not know what the interests of the institution are as we the victims’ families continue to strive for justice against the intellectual and material author of the occurred, JOSE MARIA BARROS IPUANA alias CHEMA BALA. In addition, it is now claimed that what had occurred was inter clan warfare, regardless that all of
Currently they are attempting to impose traditional authorities to intervene this case, as if it were some sort of game, when what happened was a crime against humanity which is clearly understood as being perpetuated by foreign individuals against the Wayúu community and were without a doubt, committed by alijunas (white men).
One important aspect to take into account is that within the culture of the Wayúu people there are no judicial elements, supreme authority, imprisonment or restriction of freedom. This is because within our social norms we do not conceive prisons. The reparations sought by the PUTCHIPUU depend on the offense committed and varies according to the crime and the circumstances it which it occurred.
Within the Wayúu culture when the guilty has committed an offense, theft or homicide (premeditated or accidental), the PUTCHIPUU oversees the mediation. The PUTCHIPUU is the traditional mediator that resolves the internal disputes within the community and oversees that the problem does not become further aggravated; it is to say that the PUTCHIPUU oversees the appeasement of both families. Though these types of crimes against humanity, in which alijunas participated as well as the civil service, are outside of the traditional jurisdiction of reconciliation within our norms. Furthermore, because this crime has altered the social order, economics, culture, ethnic, religious and judicial aspects of our Wayúu culture, the committed offenses are unknown to our oral and traditional customs.
In exercising use of the fundamental right to petition information granted by Colombian law in the Constitution, we request to be informed regarding:
- Why Indigenous Affairs of the Department of La Guajira has proclaimed to other institutions that in order for the displaced community of Bahía Portete to be able to return, there must be a reconciliation with the family of the murderer JOSE MARIA BARROS IPUANA? Where has it ever been seen in the country’s judicial history that when such crimes against humanity such as torture, disappearance, rape, and incineration are committed, that the victims of the crime must reach an agreement with the guilty in order to regain what is rightfully theirs?
- We want to know who are the traditional authorities that the department will use to repair these crimes against humanity, what gives them the right to do this and where were they when these acts were committed? Why did they not present themselves? What happened? Though now they want to appear as the mediators?
Our interest regarding the mentioned is due to the fact that we are the victims of the crimes against humanity committed on April 18th, 2004.
We will receive the response at Calle 24 No. 14ª-31 in Riohacha, La Guajira.
Attentively,
INDIGENOUS COMMUNITY OF BAHIA PORTETE DISPLACED IN
COPIED:
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE NATION.
TREASURER’S PFFICE OF THE NATION
OAS
HIGH COMMISSION OF HUMAN RIGHTS OF THE UNITED NATIONS
NATIONALS AND INTERNATIONALS.
DEFENSORIA DEL PUEBLO.
MINISTRY OF THE INTERIOR & JUSTICE; ETHNIC AFFAIRS
REINICIAR.
ONIC- ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE
INTERAMERICAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS
ACNUR COMMISION IN
DEFENSORIA
THE GENERAL PUBLIC
